Por: Iván Escobar
En el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, representantes y líderes de las comunidades indígenas de la zona occidental del país denunciaron la crisis ambiental que están enfrentando a partir de la contaminación y explotación de las fuentes naturales de agua, lo cual pone en riesgo sus vidas y territorios.
En este contexto, organizaciones ambientalistas y comunidades originarias unieron su voz para que el Estado salvadoreño asuma su responsabilidad, y les dé protección requerida frente a las empresas que explotan los recursos hídricos y ponen en riesgo la sustentabilidad de las comunidades.
Se sabe que en El Salvador los ríos agonizan, un 79% de ellos a escala nacional se clasifican como zonas de remedición, en los cuales es necesario implementar planes de descontaminación y saneamiento. “Ningún sitio de monitoreo de agua superficial a nivel nacional cumple con la aptitud de uso para agua cruda o para potabilizar por métodos convencionales. El 21% de los ríos de El Salvador se clasifican como ecosistemas en recuperación paulatina de la calidad del agua para la protección de vida acuática. El extractivismo está diezmando los ecosistemas y las culturas originarias en el país”, advierte la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, quien se sumó a este llamado de alerta para proteger las fuentes naturales hídricas.
Alejandro Labrador, técnico de la UNES señaló que “este día internacional, expresamos nuestra preocupación por los ríos del país, por las aguas superficiales y subterráneas que se encuentran en un estado alarmante de contaminación, destrucción y de amenaza a extinguirse en los próximos 100 años, incluso el río Lempa considerado la vena Orta de El Salvador, podría desaparecer en lo que termina este siglo”, advirtió.
Para la UNES es preocupante lo que está pasando en el territorio, y principalmente el impacto negativo que se está provocando en miles de comunidades. “En el país los ríos y las aguas superficiales agonizan y están expuestos a una explotación desmedida por parte de grandes industrias, usuarios que están complicando la vida de las poblaciones”, acotó Labrador.
Atención inmediata y urgente piden para proteger los ríos del país, de lo contrario advierten que la crisis se agudizará y el mayor impacto lo sufrirán las comunidades rurales.
Por su parte, Alfredo Guevara, líder comunitario de Metalio, pidió al gobierno central poner atención al tema de explotación del recurso agua, que impacta en sus territorios. “Nuestra población, los pueblos indígenas, la vegetación, la mayor parte de recursos con los cuales sobrevivimos está siendo sobre explotada, con la instalación de bombas, puntas, con la contaminación de ríos, con más precio al gua, que no es apta para el consumo humano en nuestras comunidades”, dijo.
Lamentan que a pesar de existir normativas actualmente, se da la contaminación de las aguas por parte de granjas productoras, instalación de represas, y extracción para proyectos urbanísticos.
Sara Guevara, representante de la Mesa por la Sustentabilidad del agua y el medio ambiente de la zona sur de Ahuachapán, MESAMA, recalcó que los impactos se dan de forma diferenciada en las comunidades, “en nuestra zona de occidente estamos en el llamado corredor seco, pero estamos también en el área de conservación El Imposible, Barra de Santiago, contamos con un humedal importante para Centroamérica y El Salvador, como el sitio RAMSAR”, señaló.
También mencionó que las plantaciones de Caña está impactando en el consumo de las aguas naturales, y la contaminación con aguas mieles, que pone en riesgo la sobrevivencia de las comunidades que dependen del recurso hídrico para sus cultivos y subsistencia.
A esta situación de impacto negativo contra el medio ambiente, se suman otros problemas como las amenazas de explotación y daño al ecosistema en Valle El Ángel, la explotación del río Sensunapán, con una octava represa que es rechazada por las comunidades por considerar que ello afectaría el afluente de las aguas, también otros proyectos que generarán vulnerabilidad en los territorios.
Tacho, representante de la Federación de pueblos originarios del sur, expresó su preocupación por el no cumplimiento del Estado a las políticas de protección y garantía de derecho para las poblaciones originarias. Por ello, demandó la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT y el cumplimiento fiel del Acuerdo Escazú, mecanismos internacionales que garantizan los derechos de las poblaciones originarias.
“En el valle del Jiboa, en la cuenca del río Jiboa los problemas son similares, como los que mencionan los hermanos. Los problemas son de peso, la contaminación de la caña en nuestro sector, un 90% del valle está destinado al cultivo de la caña, eso lleva a ocupar agro tóxicos cancerígenos. Tenemos muchos casos en Talpa, sobre insuficiencia renal”, mencionó
Otro impacto lo generan las pedreras, lo que lleva a que los ríos literalmente queden secos en el verano. La tala indiscriminada de bosques.
Enrique Carías, representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, Sonsonate, remarcó que solo el río Sensunapán “ya tiene siete hidroeléctricas, y si un día fueran, desde Juayúa, pasando por Nahuizalco, Sonsonate, hasta Acajutla verían que da tristeza estar en esos lugares donde en un momento se tuvo toda una riqueza de fauna y flora, riqueza para la comunidad, y hoy después de un proyecto como este, aquello queda totalmente seco”, puntualizó.
Las comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas piden resguardar los recursos naturales, frenar todo proyecto que genere impactos negativos a las poblaciones, y exigen al Estado su protección. Dicen no a la minería, no a las represas, no a las construcciones, piden que se respete la vida, y no se continúe alterando los ecosistemas.
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